Por César Robles Ascurra (*)
No han pasado más que unos días desde que la Sala Penal Nacional revocara la detención de Roque Gonzales La Rosa, dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana para que ahora en ese mismo poder del Estado, en complicidad con autoridades y funcionarios del gobierno aprista levanten una nueva amenaza en contra de la democracia, la libertad de agrupación y expresión de ideas al ordenar la detención de trece dirigentes de la izquierda peruana.
Raro este país, pues mientras el Premier Yehude Simon se reúne públicamente con los dirigentes de la izquierda, Alberto Moreno, Olmedo Auris, Renán Raffo, entre otros, y declara que los mencionados no tienen ninguna vinculación con el terrorismo, el juez Omar Pimentel Calle del Segundo Juzgado Supranacional ordena la inmediata ubicación y captura de los dirigentes políticos acusándolos de ser “colaboradores” del terrorismo internacional.
Con esta nefasta decisión judicial, asistimos a la instalación de un nuevo escenario político que tienen entre sus objetivos el de amedrentar a los dirigentes populares y de izquierda, así como el de evitar que los temas trascendentes en la vida política conciten el interés nacional.
Porque más que jurídico o legal, la acusación judicial de “colaboración” con el terrorismo internacional reviste un claro tinte político, de persecución y de represión a las ideas de quienes piensan diferente o disienten del sistema.
Por esto mismo, no es casualidad que una investigación de este tipo se realice de forma completamente reservada, casi clandestina, como si se tratara de “peligrosos” elementos a los que hay que atrapar a como de lugar y llevarlos a la justicia. Y lo peor, que la acusación y el mandato de detención sólo se haya conocido por las declaraciones públicas del ministro del Interior Remigio Hernani en un programa periodístico de televisión.
De otro lado, a tenor de lo dicho por el ministro Hernani, es que se habrían encontrado correos electrónicos en la computadora personal del extinto Raúl Reyes que “comprometerían” a los dirigentes de la izquierda en actos vinculados a las FARC colombiana. Esto simplemente no resiste el mayor análisis y le da poca credibilidad a la sustentación de la resolución del autoapertorio de instrucción.
No olvidemos, como dato, que Nubia Calderón, la “embajadora” de las FARC, personaje que desata esta cacería judicial, también entabló conversaciones y diálogos con los principales líderes del partido aprista, y además, visitó el Congreso de la República.
Siguiendo la lógica de la justicia peruana, acaso no sería factible también indagar e investigar ¿qué es lo que trataron o abordaron en las mencionadas reuniones los dirigentes del partido aprista con la “embajadora” de las FARC?, ¿acaso no reviste un manto de sospecha la actitud aprista de querer ocultar este hecho?
No han pasado más que unos días desde que la Sala Penal Nacional revocara la detención de Roque Gonzales La Rosa, dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana para que ahora en ese mismo poder del Estado, en complicidad con autoridades y funcionarios del gobierno aprista levanten una nueva amenaza en contra de la democracia, la libertad de agrupación y expresión de ideas al ordenar la detención de trece dirigentes de la izquierda peruana.
Raro este país, pues mientras el Premier Yehude Simon se reúne públicamente con los dirigentes de la izquierda, Alberto Moreno, Olmedo Auris, Renán Raffo, entre otros, y declara que los mencionados no tienen ninguna vinculación con el terrorismo, el juez Omar Pimentel Calle del Segundo Juzgado Supranacional ordena la inmediata ubicación y captura de los dirigentes políticos acusándolos de ser “colaboradores” del terrorismo internacional.
Con esta nefasta decisión judicial, asistimos a la instalación de un nuevo escenario político que tienen entre sus objetivos el de amedrentar a los dirigentes populares y de izquierda, así como el de evitar que los temas trascendentes en la vida política conciten el interés nacional.
Porque más que jurídico o legal, la acusación judicial de “colaboración” con el terrorismo internacional reviste un claro tinte político, de persecución y de represión a las ideas de quienes piensan diferente o disienten del sistema.
Por esto mismo, no es casualidad que una investigación de este tipo se realice de forma completamente reservada, casi clandestina, como si se tratara de “peligrosos” elementos a los que hay que atrapar a como de lugar y llevarlos a la justicia. Y lo peor, que la acusación y el mandato de detención sólo se haya conocido por las declaraciones públicas del ministro del Interior Remigio Hernani en un programa periodístico de televisión.
De otro lado, a tenor de lo dicho por el ministro Hernani, es que se habrían encontrado correos electrónicos en la computadora personal del extinto Raúl Reyes que “comprometerían” a los dirigentes de la izquierda en actos vinculados a las FARC colombiana. Esto simplemente no resiste el mayor análisis y le da poca credibilidad a la sustentación de la resolución del autoapertorio de instrucción.
No olvidemos, como dato, que Nubia Calderón, la “embajadora” de las FARC, personaje que desata esta cacería judicial, también entabló conversaciones y diálogos con los principales líderes del partido aprista, y además, visitó el Congreso de la República.
Siguiendo la lógica de la justicia peruana, acaso no sería factible también indagar e investigar ¿qué es lo que trataron o abordaron en las mencionadas reuniones los dirigentes del partido aprista con la “embajadora” de las FARC?, ¿acaso no reviste un manto de sospecha la actitud aprista de querer ocultar este hecho?
El fondo del asunto sin embargo es otro, y pasa por el difícil y agudo problema económico y financiero que se viene con el tema de la crisis internacional, el decaimiento de nuestras exportaciones y las anunciadas medidas de despido de parte de los empresarios, que cual espada de Damocles, pende sobre los trabajadores. Lo otro, es la respuesta organizada que prepara la CGTP y la agudización de la polarización social y política en el país. A falta de teletones, teteos y lentejuelas, bueno es crear los escenarios y las condiciones para distraer a la platea.
(*) Periodista
(*) Periodista
Surgida al calor del "combate" como diría el gran Piero Bustos, y junto a Ricardo Silva, allá en la década de los 80s, iniciaron en Matute, en el distrito de La Victoria, una movida que fusiona el folklore andino con el rock urbano, dando nacimiento a una de las mejores bandas de la capital como es Del Pueblo y del Barrio.
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